Lo primero a clarificar, es que La Convención Ramsar, Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, fue ratificada para Colombia por la Ley 357 de 1997 y entró en vigencia el 18 de junio de 1998, como un tratado intergubernamental firmado en 1971 en Irán que sirve de marco para la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, espera que los países inscritos como partes contratantes incluyan de forma veraz los humedales en la lista del convenio.
En este sentido y de acuerdo con el concepto de humedal, se puede decir que en Colombia, el área aproximada de estos sistemas es de 20 millones 252 mil 500 hectáreas, representados por lagos, pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados.
Aquí viene lo interesante: Los bosques inundables representan aproximadamente 5 millones 351 mil 325 de hectáreas y se localizan principalmente en la Orinoquia, seguidos de la Amazonia, Bajo Magdalena y en menos medida en la zona Pacífica
Ahora vamos a hilar fino y con cifras. Los humedales que hasta el momento Colombia ha ingresado a la lista Ramsar son: Laguna de La Cocha, sistema que integra 39.000 hectáreas (ha), situada en el departamento de Nariño como humedal de importancia internacional; siendo el segundo en Colombia después de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que integra 400.000 ha, designada en 1998; el Complejo de humedales Laguna del Otún, que se encuentra entre 3300 y 4850 m de elevación, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados en la cordillera central de Colombia (Departamento de Risaralda, municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal), con 6579 hectáreas que corresponden a páramos y bosques altoandinos, caracterizados por una gran diversidad de microhábitats, flora y fauna; el delta del alto Baudó, en el Chocó con 8.888 ha; y el Sistema Lacustre de Chingaza, con un área aproximada de cuatro mil cincuenta y ocho (4058) hectáreas.
Hasta el momento, además de la Sierra De la Macarena, considerada Nacionalmente como Zona Protegida, el Gobierno Nacional no ha incluido en el Convenio Ramsar ninguna porción del vasto territorio de la Orinoquía, como humedales internacionalmente protegidos.
La respuesta a lo anterior puede estar en lo que dijo el Presidente en un Consejo Comunal en Bogotá en diciembre de 2003 con políticos de la región: “Le veo a Orinoquía un futuro ya inmediato en el agro. En esos 600 mil kilómetros diríamos que hay 350 mil de selva y 250 mil de Orinoquía son sabanas. ¿Ustedes saben lo importante que es para el mundo agropecuario tener allí 250 mil kilómetros planos, sin piedra, listicos para cultivar y sin el obstáculo ecológico de que hay que llegar con el hacha?”
Eso fue hace casi siete años. A partir de entonces, de ser un territorio silvestre y prácticamente ignorado por el gobierno y los grandes inversionistas, la Orinoquía se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del país.
Con tierras a 100 mil pesos la hectárea, agua ilimitada, planes para construir carreteras y ayudas generosas del Gobierno, los inversionistas aceptaron la invitación (y los subsidios) del Presidente y, en menos de un año, unas 250 mil hectáreas de tierra han cambiado de manos, según cálculos de Corpororinoquía.
A la zona han llegado grandes empresas del interior del país como la azucarera Manuelita, las palmeras El Diamante y Palmas de Occidente, y hasta funcionarios del gobierno como el vicepresidente Francisco Santos, que confirmó en entrevista publicada el 15 de septiembre de 2009, haber comprado tierra allá. En la zona dicen que compró 12 mil hectáreas 1.
Donde el Presidente ve sabanas planas “listicas” para cultivar, los ambientalistas ven uno de los pulmones y reservas de biodiversidad más importantes del planeta. En la Orinoquía se encuentra un tercio del agua del país. También una de las mayores riquezas de peces de agua dulce y mayor biodiversidad de aves. Es uno de los pocos lugares de Colombia - y prácticamente del mundo - donde viven los venados, los chigüiros, 48 especies de anfibios y 107 de reptiles.
Las sabanas de que habla el Presidente son en realidad humedales que están inundados diez meses al año. Para cultivarlos, los inversionistas han comenzado a hacer canales para drenar la tierra. Y esa agua, que antes estaba estancada, ahora está yendo a parar a los ríos, que se crecen y se desbordan en época de lluvias, como ha sucedido ya en la región de Orocué.
El otro caso inconcluso es el referido a La hacienda Carimagua, localizada en la población de Puerto Gaitán (departamento del Meta). La Hacienda fue adjudicada a desplazados por la violencia generada por el conflicto armado colombiano, pero tras cuatro años, el 11 de febrero de 2008, el ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias intento cambiar la adjudicación y dársela a inversionistas privados alegando que darían mejor uso a la tierra y eso representaría mayores dividendos para el estado y a su vez a los desplazados2. Esta hacienda se en encuentra ubicada en un humedal tipo sabana de aproximadamente 6 mil hectáreas donde nace el río Tomo (600 km de long.). El rio Tomo vierte hacia el oriente, desembocando en el rio Orinoco. El predio también contiene la laguna de Carimagua, que posee una diversa población de peces, anfibios y mamíferos. Carimagua además mantiene 6 mil hectáreas de bosques que bordean los caños Carimagua, Cararabo y el río Muco.3
Si la Constitución de 1991 dispuso que “los bienes de uso público, los parques nacionales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 63); causa inquietud que el gobierno no incluya ni tenga previsto incluir los humedales de la Orinoquía, y más inquietud causa que a nivel regional “Las Mesas Departamentales de Agua”, en las que tienen asiento gobernantes, representantes a la cámara y senadores, ya sean oficialistas o de oposición, guarden silencio e ignoren el tema, sobre todo cuando existe la posibilidad de tramitar una Ley que permitiría el vulgar negocio con los humedales a cambio del pago de un impuesto y el compromiso de replantación que presumiblemente minimizaría el daño ecológico.
